Por Pedro Reina Pérez
El paisaje tropical del Océano Atlántico, ese cuerpo de agua al que cantara la pluma de Pedro Salinas, enmarca esta semana una importante reunión internacional de académicos latinoamericanistas en San Juan, al tiempo que Puerto Rico vive capítulos desafiantes en su condición de territorio no incorporado de Estados Unidos. El congreso anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en su edición 49, convocado bajo el título “Precariedades, exclusiones, emergencias” concita en esta ocasión especialistas de las disciplinas diversas, mientras la isla caribeña se juega literalmente su porvenir para remediar compromisos financieros que no puede cumplir y que producen temor a la incertidumbre.
Desde que la isla fuera invadida por Estados Unidos en 1898, en medio de la Guerra Hispano-cubano-norteamericana que redefinió los contornos geopolíticos del hemisferio, su devenir ha sido moldeado por el efecto de la tensión entre fuerzas antagónicas. El primer eje de este tipo fue el militar. La anexión de la isla respondía a la necesidad estratégica de establecer una base carbonera para la marina estadounidense desde la cual proyectar el nuevo poderío naval ante Europa y las naciones latinoamericanas emergentes. No fue hasta 1917 que se concedió, mediante legislación, la ciudadanía estadounidense a los residentes de la isla, para reforzar su titularidad sobre la isla y sus habitantes. Llegada la Guerra Fría, Puerto Rico era una pieza angular del entramado militar en la región, componiendo un triángulo de poder junto a la base de Guantánamo y la zona del Canal de Panamá. El cierre de importantes instalaciones castrenses en la última década y el reenfoque de la política regional, menguó la prominencia militar de la isla.
El segundo eje fue el industrial. Aprovechando la demanda en el mercado mundial del azúcar, la isla fue arropada por compañías estadounidenses que sembraron de caña los litorales en los primeros años del siglo XX, constituyéndose como una importante fuerza para el dominio de la tierra y de la mano de obra, durante las primeras tres décadas. El poder de estas empresas era considerable, llegando a dominar la banca, el transporte y la política partidista, entre otros. Luego de instauradas importantes reformas sociales y económicas en lo años treinta, y superada la Segunda Guerra Mundial, la economía de la isla dio un giro fundamental hacia la manufactura, promovida a base de incentivos fiscales a la corporaciones estadounidenses. Si bien se estimuló la actividad económica local que financió ambiciosos proyectos de infraestructura, este modelo evidenció su desgaste para la década del setenta. Ausente un espíritu robusto de empresarismo local, los puertorriqueños se tornaron en vez grandes gerentes, limitando con ello los modos de generar nueva riqueza por iniciativa propia.
El tercer eje fundamental fue el financiero. De la manufactura se pasó a empresas de capital intensivo como las farmacéuticas que, aprovechando nuevas avenidas de exención contributiva, convirtieron a Puerto Rico en la sede principal de las fabricación de medicinas en el mundo. El capital que se acumuló parcialmente en la banca local estimuló a su vez un crecimiento a base de desarrollos inmobiliarios para turismo, vivienda y uso comercial, sin consideraciones de viabilidad y sustentabilidad a largo plazo. Cuando el Congreso resolvió acabar con los incentivos contributivos en 1997 la isla se quedó sin un modelo de desarrollo económico que sustituyera los apetitos acumulados a los largo de un siglo. La ruptura de la burbuja inmobiliaria en 2006 vino a empeorar aun más la crítica situación. Baste con decir que desde 2010 han cerrado cinco bancos comerciales en la isla.
Hoy, Puerto Rico vive un momento crítico con una población decreciente y una deuda pública que, según algunos estimados, ronda los 168.000 millones de dólares. La administración de turno ensaya nuevos modos de estimular los recaudos y la actividad económica pero sus opciones son muy limitadas. La gran cantidad de propiedades disponibles a descuento, la existencia de mano de obra diestra y los incentivos fiscales intentan en este momento atraer de vuelta a inversionistas internacionales, pero las presiones son enormes. Las décadas de dinero fácil para financiar obra junto a la ineptitud de la clase política produjo una tormenta perfecta, coronada por la imposibilidad de acogerse a la quiebra. La temida destitución de bienes públicos debido al impago, y las consecuencias de un éxodo poblacional encabezan la agenda. Refiriéndose a su apoyo a los aumentos en los impuestos, el presidente del Senado Eduardo Bathia afirmó que su voto era para evitar que Puerto Rico cayera en manos ajenas. Palabras mayores.
De manera que el cónclave académico de esta semana en San Juan tiene la carta en la mano para indagar sobre los límites de la gobernabilidad resultante del ejercicio colonial en Puerto Rico. Precariedades, exclusiones y emergencias son apenas un aperitivo ligero de lo que aguarda más tarde en la mesa.
El autor es historiador y periodista.Twitter: @pedroreinaperez
